“La Municipalidad desconoció a la Comunidad Plácido Puel, fraccionó y entregó a particulares sus tierras y promovió en contra de sus miembros una persecución que aún se mantiene, mediante la violencia policial y las denuncias penales”, explica el “Informe de Situación de Derechos Humanos del Pueblo Mapuche en Neuquén 2009-2010”. Es sólo uno de la decena de casos que detalla el relevamiento y da cuenta de la “ilegalidad de la política oficial respecto de los pueblos indígenas, donde prácticamente todos los conflictos que sobrelleva el pueblo mapuche tienen su origen en el incumplimiento, por parte del Estado, del derecho vigente”.

El trabajo da cuenta de la numerosa legislación que obliga el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas: Constitución Nacional y provincial, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Declaración Universal de la ONU, entre otros. “La mayoría de las estructuras y prácticas judiciales no se han modificado para adecuarse al cumplimiento de tales derechos. Ni el estado nacional ni las provincias han adecuado sus leyes procesales para permitir que los pueblos indígenas actúen en condiciones de igualdad”, denuncia el Observatorio, creado en marzo de 2009 con apoyo de la Confederación Mapuche de Neuquén y que cuenta como miembros honoríficos a Adolfo Pérez Esquivel, Noemí Labrune (Asociación Permanente de Derechos Humanos de Neuquén) y Rodolfo Mattarollo (consultor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación), entre otros.

A lo largo de 76 páginas se detallan violación al derecho a la educación, negación de acceso a la Justicia y la “discriminación institucionalizada” por parte del estado provincial. Se hace hincapié en el despojo de los recursos naturales y los territorios ancestrales. Denuncia que la legislación referida a hidrocarburos, el Código de Minería, los códigos de aguas y las leyes provincias referidas a tierras “en ningún caso han incorporado” los derechos de propiedad, consulta y participación establecidos en la Constitución Nacional y el Convenio 169.

“Esta omisión origina numerosos abusos por parte de las empresas extractivas y de los gobiernos provinciales, quienes no se consideran obligados al cumplimiento de las obligaciones internacionales”, afirma y explica que la situación se agrava en los numerosos casos en que los tribunales de provincias imputan como delito la resistencia de las comunidades, que rechazan las concesiones (petroleras, mineras, forestales) otorgadas sin haber sido consultadas.

La principal demanda de los pueblos originarios es el territorio. “En la protección de la posesión y propiedad de las tierras, las leyes se mantienen en el nivel declarativo y no existe una legislación y acción estatal adecuadas que los hagan efectivos”, recuerda el informe.

Responsabiliza al gobierno provincial y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). “El INAI no ha demostrado voluntad para cumplir con la ley en caso de oposición u obstáculos opuestos por las autoridades provinciales. No está organizado para recabar información respecto del cumplimiento de la ley y no ha adoptado ninguna decisión orientada a realizar acciones tendientes a su efectividad “, afirma el Observatorio de Derechos Humanos.

En 2009, el INAI y la Universidad Nacional del Comahue firmaron un acuerdo para avanzar con el relevamiento catastral. El gobierno provincial se negó a participar y luego emitió una intimación a la Universidad y el INAI para que abandonen el relevamiento.

“El gobierno provincial siempre se negó a avalar o participar en cualquier relevamiento que no estuviera dirigido y controlado por él”, explica el informe y asegura que el cumplimiento de la Ley 26.160 siempre padeció una “política de boicot permanente”, que incluyó el desconocimiento de las personerías jurídicas de las comunidades, la aceleración de juicios contra referentes mapuches y la conformación de grupos civiles armados que prometían defender la “propiedad privada ante la amenaza indígena”.

El relevamiento catastral se mantiene suspendido, a pesar de que la Defensoría del Pueblo de la Nación instó en marzo pasado a su urgente realización. “Esta situación agudiza los conflictos y las posibilidades de que el Estado, las empresas y los grupos terratenientes continúen despojando a las comunidades de sus tierras y, junto con los miembros del Poder Judicial, criminalizando las acciones de resistencia del pueblo mapuche”, alerta el Observatorio.

Página/12 se comunicó con el Ministerio de Coordinación de Gabinete de Neuquén. Delegaron las consultas en el Asesor General de Gobierno, Darío Moya. En un breve diálogo sostuvo que el informe no muestra la realidad del pueblo mapuche de Neuquén y solicitó las preguntas por escrito. A pesar de acordar un horario de cierre, el funcionario no envió las respuestas.

Las conclusiones del informe afirman que la provincia se caracteriza por un “racismo estructural” hacia el pueblo mapuche, que se constituye como “un aparato de agresión hacia la cultura indígena”. Explica que el “modelo autoritario” actual tiene sus raíces en la Campaña del Desierto, opera con dinámicas similares, y tiene como fin último la rentabilidad de los negocios inmobiliarios, la explotación hidrocarburífera, las empresas forestales, las grandes estancias y las compañías mineras. Todas actividades que avanzan sobre los territorios ancestrales indígenas.